Una de las reformas pendientes que contribuirá a impulsar un crecimiento sostenible del país es la relacionada con la modernización del sector hidrocarburos a fin de atraer a inversionistas de fuste que, respetando la cosmovisión de las comunidades y el medio ambiente, logren sacar el máximo beneficio económico y social a nuestro potencial petrolero y gasífero.Existe una propuesta de nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que ha logrado ser consensuada entre el Poder Ejecutivo y los integrantes de las comisiones sectoriales del Congreso, que debiera entrar en agenda del Pleno en las próximas semanas, la cual exige el más amplio debate y difusión para conocer sus alcances y beneficios.En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas debiera asumir un mayor liderazgo en la promoción de esta reforma y consolidar el trabajo efectuado en las comisiones del Legislativo, para esclarecer algunos puntos controversiales que surgen siempre cuando se trata de modernizar los sectores extractivos y evitar la grosera desinformación de radicales interesados en perpetuar las condiciones de pobreza y seguir sacándole réditos.Por ejemplo, en sus ya clásicos "pronunciamientos", afirman que la referida propuesta legislativa representa "un saqueo nacional producto del lobismo para entregar libremente nuestros recursos a las empresas extranjeras", cuando en verdad la Ley -de aprobarse- permitirá a la empresa estatal Petroperú incursionar en la exploración y explotación de hidrocarburos, en todos los lotes que convoque Perupetro (sétima DCF), pese a la oposición liberal, a la cual me sumo.Asimismo, sostienen que la nueva Ley -prorroga los contratos por 50, 70 años y hasta que se agote el recurso-, cuando en verdad sólo permite la prórroga por 20 años, y con requisitos que favorecerán la inversión y el desarrollo social, bajo el régimen tributario existente al momento de la prórroga, dejándose de lado la estabilidad tributaria obtenida por los contratistas cuando suscribieron sus contratos originales. Asimismo, permite también la adecuación del plazo de los Contratos de Petróleo, pasando de 30 a 40 años, equiparándolo al plazo del gas, con el compromiso de ejecutar más inversiones por parte del Contratista. (Art. 22 y 22-A).O, aquella desinformación donde supuestamente afirma que, con la nueva Ley, "las normas ambientales son dejadas de lado ya que no se cancelan los contratos por daños ambientales", cuando en verdad la propuesta de Ley incluye la causal de Terminación del Contrato por incumplimiento de normas ambientales, y también, por actos de corrupción (Art. 70.2 inciso a y b, Art. 87). Podría seguir "aclarando" más desinformaciones pero creo que ese rol lo debe asumir con mayor liderazgo el Poder Ejecutivo, de lo contrario no habrá reforma y los pobres seguirán hundidos tanto como nuestras riquezas, señala José Luis Patiño.