Cada mes, unas 100 mil familias de Lima se quedan sin los servicios de telefonía, luz o agua, según las mismas empresas que prestan estos servicios. La culpa la tienen audaces delincuentes que hurtan cables o medidores para venderlos en el mercado negro. Según cálculos de la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos (Adepsep), en todo el país, la pérdida para las empresas de energía eléctrica y telefonía por este tipo de hurto alcanza los S/.12 millones al año.El problema es realmente serio, pero hasta la fecha no se contaba con las armas legales necesarias para detener y sancionar con severidad a los delincuentes, pues los pocos que lograban ser detenidos y sentenciados recibían una sanción de tres o cuatro años de prisión suspendida... Es decir, quedaban en libertad, pues el juez consideraba estos delitos como actos de hurto simple. Este panorama de impunidad promete cambiar, ya que ayer se publicó en "El Peruano" la Ley 28820, que modifica dos artículos del Código Penal y eleva las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos.De acuerdo con la modificación hecha al artículo 281 (o atentado contra la seguridad común), se impondrá una pena no menor de seis años ni mayor de 10 años a quienes atenten contra fábricas, obras de construcción o instalaciones destinadas a la producción, transmisión, almacenamiento o provisión de electricidad (es decir cables y medidores), sustancias energéticas, o contra instalaciones al servicio público de aguas corrientes (en este caso ductos y medidores), entre otros. Antes la pena era solo de tres a ocho años de cárcel.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 15] /