La propuesta de referéndum para diversas modificaciones constitucionales no fue la única sorpresa del discurso presidencial por Fiestas Patrias. Un asunto que llamó la atención por su alcance fue la referencia del presidente Vizcarra a los numerosos juicios pendientes contra la ONP. "En el 2015, el 88% de demandas presentadas contra el Estado se concentraron en pocas entidades de la administración pública, y el 29% de demandas estuvieron dirigidas contra la ONP, siendo la entidad pública más demandada", señaló el mandatario, para luego disponer que, en un plazo de quince días, la entidad previsional presente un plan de descarga procesal que "evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen". La iniciativa del mandatario ha sido bien recibida. La judicialización de procesos que bien podrían ser resueltos en un plazo más breve por la vía administrativa es una falla general de este y otros mecanismos estatales de atención al público. Encarar esta distorsión de las reglas de juego acortaría plazos y ahorraría recursos tanto a los afiliados y pensionistas de la ONP como a la institución misma y al Poder Judicial (solo en abogados la ONP habría gastado S/166,6 millones en los últimos diez años). Como señaló el presidente, "no podemos permitir que un juez disponga de su tiempo para estos procesos en su mayoría contenciosos administrativos en vez de darle celeridad a los procesos abiertos por acusaciones de actos de corrupción".