Mientras la atención del Gobierno se concentra en el caso Lava Jato y el escándalo de corrupción en el sistema de justicia, el Perú se ha convertido en un país que lava oro de la minería ilegal. Ojo-Publico.com accedió a documentos que revelan los antecedentes por blanqueo de activos y evasión fiscal que recaen sobre las tres compañías elegidas por el Estado para comercializar toneladas de metal en el sur del país.La historia empezó en el 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala eligió a Activos Mineros, compañía del Estado, pero de derecho privado, para que delegue en un grupo de empresas la firma de convenios de compra de oro de la pequeña minería. Desde entonces, Activos Mineros -cuya misión es la recuperación de áreas devastadas por la extracción aurífera- autorizó a tres compañías de Madre de Dios, Cusco y Puno, y sobre cuyos dueños pesan investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal en zonas reservadas de la Amazonía y evasión tributaria, a adquirir metal en dichas regiones.Informes de la Sunat, Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron a los personajes detrás de las compañías autorizadas por Activos Mineros en la zona sur: Francisco Quintano Méndez, de Minerales del Sur (Minersur); Sofía Béjar Giraldo, de Veta de Oro del Perú, vinculada al comercializador aurífero Arturo Ortiz Ortiz, citado en expedientes judiciales y tributarios de minería ilegal; y Efraín Vargas Garzón de E&M Company, conocido por su papel como contador de Gregoria Casas ‘Goya’.