El alevoso crimen del vocal provisional de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, Hernán Abelardo Saturno Vergara, merece el más firme repudio y condena. Y, por sus graves implicaciones, tiene que ser tomado como una clarinada de alerta por las autoridades para responder duramente con las armas de la ley , así como para evitar que la violencia del narcotráfico amedrente las instituciones y corrompa el tejido social.Efectivamente, se trata de uno de los magistrados que venía juzgando a los presuntos narcotraficantes mexicanos, colombianos y peruanos del peligroso cártel de Tijuana, por lo que hay basamento para la hipótesis de amedrentamiento. No solo eso: se señala que esta podría ser una pérfida estrategia para volver el caso a fojas cero y solicitar la libertad con el pretexto de haber concluido el plazo de encarcelamiento sin sentencia. Todas estas circunstancias, más la atípica modalidad del crimen, nos llevan a colocarnos en el peor escenario: la eventual intención de los cárteles de la droga de alimentar un clima de violencia, en el que se diluya el respeto por la autoridad, la ley y la vida, como sucedió en Colombia.Ante esta grave coyuntura, la respuesta de las autoridades judiciales, fiscales y policiales no puede ser ni cobarde, ni timorata ni demorada. Para cumplir su función y honrar la memoria de su colega asesinado tienen que revisar el proceso para posibilitar un juicio pronto que deslinde responsabilidad e imponga severas condenas a los narcotraficantes . Y, si hay pedidos de extradición, pues deben estudiarlos y de ser procedentes, aprobarlos expeditivamente.Lo que no puede hacerse es dejar que el proceso se trunque y que esos canallas se salgan con la suya, al tomar la vida de un magistrado y encima aprovechar esto para evadir la justicia. En todo caso, habría elementos para un nuevo cargo, por la presunta autoría intelectual de este asesinato.Corresponde aquí un papel preponderante al Ministerio Público, así como a la Policía Nacional y los servicios de inteligencia, para esclarecer el crimen, precisar responsabilidades y sustentar las acusaciones. No solo eso: hay que dar todas las garantías y redoblar la vigilancia de magistrados que tratan casos de narcotráfico, sobre todo los que involucran a organizaciones como el cártel de Tijuana. A propósito, es oportuno solicitar mayor resguardo para la fiscal de Maynas que, valientemente, sigue viendo el Caso Zevallos.Esta difícil coyuntura debe llamar a la unidad de todos los peruanos para movilizarnos en contra del narcotráfico internacional y decir no a sus amenazas y sus crímenes. Si no se hace algo hoy, mañana podría ser demasiado tarde.