Le tomamos nuevamente la palabra al presidente electo Alan García, quien ha hecho un enérgico llamado a sus militantes para que eviten caer en cualquier tentación clientelista. El Estado está para servir y no para retribuir la pertenencia al partido que accede al poder, pagar favores políticos o servir de tobogán a los oportunistas y aduladores que, calculadamente, se suben al carro a última hora.Esta advertencia no podía ser más oportuna, sobre todo dados los excesos ocurridos en los pasados regímenes, incluido el primer gobierno aprista. Sin embargo, pasando del discurso a los hechos, debe hacerse evidente y concretarse en las diversas facetas del proceso de transferencia de gobierno.No se trata solo de evitar inflar o desinflar las cifras del aparato público según la conveniencia del momento, sino también de elegir a los mejores técnicos para ocupar los más altos cargos públicos.Claro que hay cierto nivel de discrecionalidad para definir los puestos de confianza y asesorías. Pero, para honrar su compromiso electoral y dar señales de su voluntad de retomar la reforma del Estado, el doctor García tiene que ser muy cauto a la hora de designar a ministros y funcionarios, en lo que debe primar la trayectoria profesional y técnica y no el carnet ni la recomendación solapada.Y, si como se anunció, se nombra ministros independientes, pues tiene que dárseles el necesario margen de autonomía para actuar y rodearse de un equipo ad hoc. Asimismo, tiene que evitarse la presión que los cuadros apristas quisieran ejercer, aunque sea tras bambalinas, por ejemplo para copar los viceministerios y otros organismos públicos.Hay que recordar a los apristas que la mayoría de ese 52% de votos que llevaron al poder a Alan García no es aprista. También que la exigencia de transparencia y eficiencia en la gestión estatal es una necesidad y un clamor ciudadano que no puede desoírse. Por lo mismo, es urgente que el nuevo gobierno empiece a trabajar con el Congreso los proyectos fundamentales de reforma estatal, por ejemplo los de empleo público y licitaciones públicas por estricto concurso.