Los beneficios tributarios, como las exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, entre otros, han sido utilizados como medida para impulsar sectores económicos o la actividad en regiones. Según estimados del MEF, estos beneficios (también llamados gastos tributarios) le cuestan a la caja pública unos S/16.490 millones al año, es decir, 2,2% del PBI. Dado este costo, el grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP) planteó un proyecto de ley que apunta a que, en el futuro, cualquier beneficio tributario que el gobierno nacional quiera ofrecer a sectores específicos primero deberá contar con la opinión técnica del Consejo Fiscal (CF).