La falta de un estudio técnico, económico y legal que justifique la modalidad de concesión aplicada, la inexistencia de cláusulas de compensación para el Estado y la carencia de mecanismos que aseguren la provisión del gas por 30 años, son algunas irregularidades detectadas en el contrato de concesión del Gasoducto del Sur suscrito durante el Gobierno de Humala. Tales conclusiones forman parte del informe preliminar de la comisión congresal que investiga los procesos de selección para la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, el contrato de Exportación del Gas de Camisea y la modernización de la Refinería de Talara, al que EXPRESO tuvo acceso. De acuerdo con el referido pre informe –que no pudo ser debatido ayer por falta de quórum–, la concesión de la obra (que recayó en el consorcio Gasoducto Sur Peruano conformado por Odebrecht y Enagás) incluye un conjunto de hechos que crean la sospecha razonable de la comisión tanto de delitos como de infracciones a la Constitución. Así, la comisión investigadora que preside Daniel Salaverry (FP) encontró que la asignación del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano" fue asignado a Proinversión por el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, mediante un oficio y no por Resolución Suprema.