EL CANON COMO SOLUCIÓN A TODOS LOS MALES

En el Perú creemos que todo se soluciona a través de una ley. La población con esperanza pide una y los políticos se la dan. Y al final no se soluciona nada. No es por nada que existan infinidad de leyes que declaran prioritario algo que luego de algunos años sigue en la misma condición. Al parecer no hemos aprendido dado los ímpetus del Congreso de la República. Eso es lo que pasa con el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Economía en donde se busca crear el "canon comunal" sumado a otras normas referidas al canon. Con ello se busca, en el espíritu de la norma, hacer que el canon llegue a las personas que están más cerca de los yacimientos mineros. Se parte del supuesto de que las comunidades sabrán utilizar mejor los recursos en beneficio de sus pobladores. Todo suena bien en el papel, pero vayamos paso por paso. En primer lugar, se cree que creando una nueva distorsión se va a solucionar una ya existente. Seamos claros, la situación actual no es la mejor. El canon ya se reparte entre varios actores utilizando fórmulas que toman en cuenta indicadores sociales, lo cual hace difícil su entendimiento. Si agregamos ahora a las comunidades habrá un jugador más y la fórmula de asignación se hará una pesadilla. Se dice que el MEF determinará la fórmula. Para ello se debe contar con información que no se tiene. Existe a nivel de centro poblado, pero no de comunidades. El MEF tendrá que hacer prácticamente magia para calcular la fórmula de asignación o utilizará criterios arbitrarios que no dejarán contentos a todos lo cual elevará los niveles de conflictividad, que es precisamente lo que se quiere reducir.Por otro lado, si más del 70% de los distritos no tiene sus límites bien establecidos, menos lo tienen las comunidades lo que nuevamente aumentará los conflictos. Un tema adicional, los limites de las comunidades no coinciden con los distritos. ¿Qué ocurre si una comunidad abarca parte de dos distritos? Menudo problema. Eso agregará más elementos de competencia y abonará en una mayor conflictividad. Se dice que las municipalidades y la Contraloría se encargarán de supervisar el uso de los recursos que se realicen. Seamos honestos, la Contraloría no tiene la capacidad para supervisar todas las municipalidades y estas muestran tal debilidad institucional que será imposible realizar el control que se quiere. Todo ello muestra las fallas que presenta la propuesta. Otra justificación es que habrá menos corrupción porque los recursos estarán en la población. Ese es otro error porque no es que los alcaldes o funcionarios del Estado nacional son corruptos por naturaleza y las comunidades no. Ellos responden a incentivos que establecen los sistemas administrativos existentes y también a la poca capacidad de monitoreo del Estado peruano. Mientras ello no se solucione los problemas seguirán y podrá haber más conflictos. La evidencia internacional sugiere que a mayor número de niveles de gobierno (las comunidades ahora lo serían al manejar recursos) existe más espacio para la corrupción. Un tema final, y quizás el más importante, es la falta de capacidad del Estado a nivel subnacional para ejecutar el gasto. Al no tener una organización establecida desde el punto de vista administrativo el riesgo que el ritmo de la ejecución del gasto de infraestructura caiga, si el canon está en manos de las comunidades, es mayor. Dado todo lo anterior, los problemas solo aumentarán porque no se están tocando los temas fundamentales (mejoras de los procesos y desarrollo de capacidades). Insistir en una idea es de perseverantes, pero desistir de ellas ante la evidencia de la poca efectividad de una medida es de sabios. Esperamos que así sea, señala el economista Carlos Casas Tragodara.