Primero, los congresistas del APRA y Perú Posible (PP) excluyeron a Petroperú del proceso de privatización. Por aquel entonces el congresista aprista José Carrasco Távara presentó un proyecto de ley, el cual se basó en un informe entregado por Oleg Valladares, un asesor externo de Petroperú contratado para impulsar un lobby en el Congreso destinado a excluir a esa empresa estatal del proceso de privatización. Finalmente, el lobby triunfó a principios de junio del 2004, con lo cual se dio el primer paso, para luego presentar otras iniciativas legislativas que permitieron dejar sin controles a la petrolera estatal. Logrado el primer objetivo, José Carrasco Távara propone excluirla de los alcances de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y unos días después, el congresista de Perú Posible Alejandro Oré pide separarla del ámbito del Fonafe. Luego, en setiembre del mismo año, Carrasco Távara amplía su pedido y plantea declarar de interés nacional la modernización de la Refinería de Talara y demás refinerías de Petroperú, y exceptuarla del SNIP. Además, la autoriza a invertir el íntegro de sus utilidades en sus proyectos de inversión.