La empresa de origen italiano Sicim y la ecuatoriana Conduto podrían demandar al Estado frente al Ciadi si es que no se les paga por los servicios prestados al Gasoducto Sur Peruano. Ambas compañías realizaron trabajos como subcontratistas para el consorcio responsable de las obras, que integraron Odebrecht y Graña y Montero. Representantes de las empresas señalaron que las deudas ascienden a cerca de US$ 300 millones que no han podido cobrar luego de haberse cortado la cadena de pagos, a raíz del DU 003, que no existía cuando iniciaron las obras, reportó "Panorama". Así, si bien el DU 003 buscaba congelar transferencias de activos de empresas investigadas por corrupción y garantizar el pago de una eventual reparación civil, terminó afectando a los subcontratistas, anotaron.