La ley orgánica de 1993 representó un cambio radical en el marco legal de la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país al permitir el ingreso del capital privado en una actividad de tanta importancia. Cuando las normas previstas en la ley perdieron impulso, los legisladores del año 2000 entendieron que se requería una revisión de la misma y promulgaron la Ley de Actualización de Hidrocarburos. Junto con esta norma, se modificaron los reglamentos de calificación y regalías y Perupetro varió las condiciones contractuales para recuperar el atractivo necesario para alentar nuevas inversiones. Esto permitió que hacia el año 2008 tuviésemos más de 100 contratos vigentes y que, en su ejecución, se hayan adquirido miles de kilómetros de información sísmica y perforado 84 pozos exploratorios y confirmatorios y 1,275 pozos de desarrollo hasta la fecha. Lamentablemente, la industria se vio seriamente afectada por la caída de los precios del petróleo desde el año 2012 (60% menos en cinco años) y el Gobierno anterior (2011-2016) no entendió la urgencia de promover la exploración de hidrocarburos y dejó que el deterioro cundiera con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo y la reducción de ingresos. Hoy, a duras penas tenemos 44 contratos vigentes, de los cuales 18 son de exploración, estando 12 de ellos suspendidos por diversas razones de fuerza mayor y, como consecuencia, las regalías del sector son menos de la mitad que en el 2011 (US$ 1,998 MM vs. US$ 792 MM) y algo similar ha sucedido con el canon (Cusco recibió S/ 2,421.3 MM en el 2013 y S/ 1,291 MM en el 2017). ¿Qué han hecho otros países que enfrentan una situación similar? Lo que hizo el Perú en el año 2000: ajustar su legislación para crear atractivos e incentivos a la inversión privada. ¿Cómo? Con nuevos esquemas de regalías, plazos más largos para los contratos, beneficios tributarios, requisitos de calificación más flexibles, entre otros. Así, México prevé ofrecer 37 bloques, Brasil 850, Colombia 25, Uruguay 17, Paraguay 2 y en Argentina se ofrecerán 225,000 km de áreas subexploradas para que los interesados puedan proponer la confirmación de bloques. Se estima que este año se ofrecerán en América Latina 1,100 bloques de petróleo a las empresas interesadas. ¿Y qué estamos haciendo en el Perú? Aunque más vale tarde que nunca, existe el proyecto de Ley N°2145/2017/PE que establece condiciones similares a las adoptadas en los otros países, además de fortalecer Perupetro, promover la simplificación administrativa con una ventanilla única, entre otros. En simultáneo, Perupetro ya ha variado los criterios de calificación de las empresas y tiene casi listo un esquema de regalías en función a la producción y el precio que es más práctico y menos complicado que el farragoso Factor R. El proyecto de Ley N°2145/2017/PE fue presentado por el Poder Ejecutivo y revisado por un grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que lo ha debatido con distintos sectores y gremios y presentado en audiencias públicas en Tumbes, Piura, Iquitos y Cusco. Si bien puede ser materia de ajustes, está en la línea de lo que, en este momento, se necesita para reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos.No debemos olvidar que esta es una actividad de altísimo riesgo (un pozo exploratorio en la selva puede llegar a costar US$ 100 MM y nada puede garantizar un resultado exitoso) y que se desarrolla con estándares técnicos, de seguridad y ambientales sumamente exigentes, al tratarse de una de las más reguladas en el país que, además, se encuentra en permanente fiscalización por parte de Osinergmin, OEFA y una multitud de otras entidades.Por ello, es indispensable contar con un marco legal promotor y predecible, alejado de la politización y que genere confianza en los inversionistas, afirma Alberto Varillas C, socio de García Sayán Abogados.
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