Los rostros de los hombres de campo de Ayabaca, Huancabamba y Jaén mostraban cansancio. Son dirigentes ronderos y comuneros que han viajado cientos de kilómetros para ir a Lima con la esperanza de que sus voces sean escuchadas, de modo que el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, vuelva a sentarse en la mesa de diálogo en busca de una solución al problema suscitado luego de que la empresa minera Majaz se asentara en sus tierras --a decir de ellos-- sin el permiso de las comunidades que serían afectadas por la actividad de dicha empresa.Tal vez ellos no sean justamente un ejemplo de diálogo, si recordamos los graves enfrentamientos en que ellos han intervenido en varias ocasiones el año pasado; pero ahora, al parecer, han entendido que el diálogo puede ser una buena base para que su reclamo sea escuchado. A su argumento de que la actividad minera en su zona afectaría a un frágil ecosistema y además traería problemas de contaminación y abastecimiento de agua para los ricos valles de Piura y Jaén, ahora se suma una evaluación de las leyes que se basa tanto en la Constitución como en la Ley de Comunidades Campesinas y la Ley de Inversión Privada. Según la interpretación del comité técnico legal que asesora a los comuneros, la presencia de la empresa minera es ilegal porque utiliza tierras de las comunidades, sin autorización de las asambleas de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca).