La situación que vive el país desde que se inició lo que podría denominarse ‘la crisis de la vacancia’ es grave y tiene más de un responsable. Sea cual haya de ser el resultado de la votación de este jueves en el Congreso -es decir, permanezca o no Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia-, el daño infligido a nuestra institucionalidad y a nuestra economía es severo y costará superarlo.Tienen responsabilidad en ello, por supuesto, quienes, desde la oposición, han aprovechado la ventana de la imprecisa figura de la ‘incapacidad moral permanente’ que la Constitución ofrece como causal para tal vacancia y han empujado dos procesos en los que no ha sido difícil distinguir motivaciones políticas distintas a las enunciadas en las mociones propuestas a la representación nacional para ese fin. Pero también el Gobierno ha puesto mucho de su cosecha en la gestación y profundización de esta crisis.Con cargo a que en su momento se resuelva por la vía judicial si el actual jefe de Estado incurrió o no en un conflicto de interés sancionable cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, se pueden señalar con claridad actitudes deliberadas y negligencias inaceptables de parte de las más encumbradas autoridades de esta administración que hicieron de este trance la ocasión de descrédito general que es.Desde las negativas del mandatario sobre sus pasadas vinculaciones profesionales con Odebrecht hasta sus largonas para la reunión con la Comisión Lava Jato y desde lo que se le hizo decir a la presidente del Consejo de Ministros mientras todo indica que se negociaba el asunto con el ‘kenjismo’ hasta la ligereza de llamar a la iniciativa a punto de votarse ‘una especie de golpe de Estado’, el manejo gubernamental del problema que tenía y tiene entre manos ha sido torpe, provocador e inconducente. Y sin embargo, al ser confrontado ahora con esa realidad, el oficialismo insiste en desentenderse de ella (o, por lo menos, en tratar de hacerlo).