El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria define hoy, en el marco de la audiencia de control de acusación (que sustentará el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia), si dos implicados en el caso Gasoducto Sur pasarán a la etapa de juicio oral.Por este caso, la Fiscalía acusa a Edgar Ramírez, representante de ProInversión, y a Claudia Hokama, exrepresentante de Odebrecht, de la comisión del delito contra la administración pública.Según el fiscal Abia, Ramírez y Hokama se coludieron para favorecer -durante el gobierno de Ollanta Humala- a la empresa Odebrecht con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, generando un perjuicio de 136 millones de dólares para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña ($7328 millones) y la de su competencia ($7192 millones).