Un grupo de aproximadamente 20 dirigentes campesinos y regionales, procedentes de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, y de las provincias cajamarquinas San Ignacio y Jaén, arribaron a Lima para solicitar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la suspensión de las actividades que viene desarrollando la empresa minera Majaz en el distrito de Carmen de la Frontera, Huancabamba, Piura. Los dirigentes, agrupados en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, declararon que pedían la suspensión "hasta que se compruebe la legalidad de dicha actividad". De acuerdo con ellos, si bien la minera cuenta con una licencia de exploración otorgada por el MEM, no posee la debida autorización de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), en cuyos territorios se asientan los denuncios que desea explotar. La empresa asegura que "estas comunidades, siendo propietarias de las tierras superficiales, han otorgado su permiso para las actividades de exploración del proyecto Río Blanco". Además, Andrew Bristow, gerente de Operaciones de la empresa, señala que esta movilización podría tratarse de una maniobra política en un escenario de cambio de autoridades regionales y municipales.Pero los dirigentes presentes en Lima lo niegan e indican que, de acuerdo con la ley, la aprobación al proyecto debe ser otorgada por dos tercios del padrón de comuneros vía una asamblea comunal, lo que no habría sucedido.