SE CREA UN PELIGROSO PRECEDENTE DE INSEGURIDAD AL CONTRATAR CON EL ESTADO

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) expresó su preocupación por la inseguridad jurídica generada en torno al contrato de concesión de la Carretera Central, al impedirse el funcionamiento de una unidad de peaje en la zona de Ticlio, prevista en dicho contrato.Detalló que se invirtieron US$ 127 millones, financiados en un 62% por la banca privada y 38% por aportes del concesionario, por lo que calificó la suspensión del peaje de medida arbitraria e ilegal que impedirá la recuperación de la inversión realizada, y un pésimo precedente en un contrato de concesión. Opina que corresponde al Estado detallar las obras a desplegar en los tramos concesionados de la Carretera Central.