Gestión tuvo acceso al proyecto del Ejecutivo que modificaría el Decreto de Urgencia 003, que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado, cuando haya sentencias judiciales en casos de corrupción. De aprobarse esta norma, se lanzaría un salvavidas a las empresas constructoras investigadas en casos de corrupción, precisando reglas para los socios, asociados o consorciados de las empresas investigadas, con una participación del 5% en la adjudicación de los contratos vigentes con el Estado.Asimismo, se desarrolla la posibilidad de mitigar las sanciones a través de un acogimiento voluntario por parte de las personas jurídicas o entes que estén siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Uno de los requisitos sería que dentro de 90 días hábiles se constituyan fideicomisos de garantía sobre los activos, bienes, derechos, acciones o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado para coadyuvar al futuro pago por reparación civil, si hubiera sentencias judiciales desfavorables para las empresas involucradas en actos de corrupción.