Mientras el último viernes 19 de enero el Papa Francisco visitaba Madre de Dios y escuchaba los conmovedores testimonios de los voceros de las comunidades indígenas ante la deforestación y destrucción de su hábitat por parte de mineros informales y mafias, ese mismo día el juez federal del Distrito Sur de Florida, Robert Scola, condenaba a dos traficantes de oro de nuestra selva y la opinión pública norteamericana se estremecía ante una confabulación por lavado de dinero de 3,600 millones de dólares de oro principalmente peruano. Ese viernes negro condenaron a Juan Pablo Granda, un norteamericano de origen ecuatoriano, a quien le gustaba que le llamaran el "Pablo Escobar del Oro", y a su jefe, el inglés-americano Samer Barrage, operadores de la compra de oro ilegal procedente de Madre de Dios, Puno, Ica y otras latitudes.Dichos personajes fueron acusados por los fiscales federales de Miami, Francisco Maderal y Tony González, por "la extracción ilegal de oro, sobornos en el extranjero y el tráfico de drogas". También se habló de la trata de personas, el trabajo forzado y la devastación ambiental.