El Estado tiene varios roles indiscutibles y claros que cumplir en la sociedad. Debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, debe impartir justicia acorde con las leyes, debe asegurar la provisión de infraestructura pública básica, entre otros. Cuando se llega a la responsabilidad del Estado para promover la compra de viviendas particulares por parte de privados, sin embargo, el rol se hace más difuso. A través de programas como Mivivienda y Techo Propio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha venido usando el dinero de los contribuyentes para asistir con el financiamiento o mejoramiento de viviendas de familias de nivel socioeconómico bajo y medio. Si es este el mejor destino de los recursos públicos es una pregunta pendiente. Lo que sí debería estar fuera de discusión es que, si se va a usar dinero público, este debería invertirse con equidad y responsabilidad. Ninguna de esas dos condiciones, no obstante, está presente en las últimas propuestas del titular del MVCS, Carlos Bruce. Una de ellas, como se sabe, consiste en un subsidio en forma de bono exclusivo para parejas jóvenes que sería usado para alquilar un inmueble durante un número fijo de años. El objetivo es permitir a los jóvenes ahorrar suficiente dinero durante ese tiempo para pagar, eventualmente, la cuota inicial de una vivienda. La idea parece insuficiente. Por un lado, nada garantiza que los jóvenes efectivamente ahorren dinero para la cuota inicial al no tener que pagar la parte del alquiler que se cubre con los impuestos de los contribuyentes. Consultado sobre esta posibilidad, el ministro respondió que no le preocupa. "Si cumplió un fin, que es darle una solución habitacional a dos personas por algún tiempo, me parece bien. Eso es una función del Estado", afirmó, como si subsidiar la renta de las personas particulares fuera equivalente a proveer justicia o seguridad con recursos públicos. Por otro lado, no queda del todo claro qué hace a las parejas jóvenes más merecedoras de la gracia estatal que el resto de la sociedad. ¿Quizá valdría la pena extender también el beneficio a las madres solteras? ¿A las familias de más de seis miembros? ¿A los inmigrantes? Es difícil encontrar un criterio equitativo mínimo que justifique una práctica diferenciada. Otras nuevas iniciativas del ministro Bruce parecen también pecar del uso dispendioso de recursos públicos. Hace poco más de una semana, el también congresista oficialista anunció que próximamente lanzaría un crédito de Mivivienda para la compra de viviendas sostenibles, el cual tendrá una tasa de interés preferencial. Una de las características de estos hogares será que estarán equipados para ahorrar agua en proporciones que, según el ministro Bruce, alcanzarían entre 30% y 40%. Si bien el cuidado general del medio ambiente es parte de las funciones del Estado, el subsidio del sector público para comprar hogares con estas funciones escapa del rol. De lo contrario, ¿no debería el Estado subsidiar los ahorros en energía o luz de todos los hogares? De hecho, en otro giro curioso, quizá los dispositivos ahorradores de agua en los hogares serían menos necesarios si el agua tuviera precios y regulaciones adecuadas, función que en parte también le compete al MVCS y sobre la que ha tenido una labor menos cargada de iniciativas -quizá felizmente-.