Los ciudadanos peruanos que denunciaron ante tribunales chilenos al presidente electo del Perú, Alan García Pérez, por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su primer gobierno (1985-1990), tendrán un plazo de 30 días para acreditar que el ex gobernante no está siendo juzgado en su país por los mismos delitos.Así lo determinó la titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherford, quien acogió el lunes la querella presentada por el Comité de Refugiados Peruanos en Chile contra el ex gobernante, por las matanzas de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.Según comentó el abogado de los peruanos, Hugo Gutiérrez, a El Comercio, la decisión de Rutherford de dar trámite a la denuncia significa que Chile acepta que tiene total competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan podido cometer en cualquier parte del mundo. "No va a ser difícil demostrarlo, porque en el Perú no existe proceso alguno sobre estos temas que involucren directamente a García", indicó.