Casi un año después de la caída del contrato del Gasoducto Sur Peruano (23 de enero de 2017), los problemas entre las exsocias persisten.En un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Graña y Montero informó que una de sus subsidiarias (GyM S.A.) recibió un pedido arbitral por parte de la constructora brasileña.Según Graña y Montero, Odebrecht cuestiona la validez de un contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados que se firmó entre subsidiarias de ambas empresas y la española Enagás en 2016. "Conforme a nuestro análisis interno, el referido contrato es plenamente válido", aseguraron.