A partir del 1 de enero del 2018, a las empresas peruanas se les podrá atribuir responsabilidad en delitos de cohecho (soborno, corrupción), lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El Decreto Legislativo 1352, emitido a inicios de este año, establece sanciones administrativas para las compañías involucradas en tales delitos, que comprenden multas, inhabilitación para hacer negocios, cancelación de licencias, clausura de locales (temporal o definitiva), intervención y hasta la disolución de las mismas. Si las empresas quieren ser eximidas de la responsabilidad por la comisión de delitos de corrupción, y de los otros considerados en la norma, deberán adoptar con anterioridad un adecuado modelo de prevención, consistente en medidas de vigilancia y control.
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