¿ Por qué el Estado se cree en el derecho de actuar de manera diferente a lo que exige a los demás peruanos?¿Por qué cuando no tiene dinero no hace lo que todos: ajustarse el cinturón y reducir sus gastos al máximo?No existe justificación para medidas facilistas, más aun en un país como el nuestro. El Estado tiene que disminuir su oneroso gasto corriente para empezar a cubrir las urgencias fiscales, sin necesidad de pasarle la factura a los pocos contribuyentes que sí pagan impuestos.Hoy no se ve una política que promueva la austeridad, el ahorro ni la disciplina fiscal, más aun cuando por mandatos del Tribunal Constitucional el Gobierno no solo ha perdido los ingresos por anticipo al Impuesto a la Renta, sino que adicionalmente tendría que homologar las remuneraciones de los docentes universitarios con las de los magistrados, forados que remecerán los cimientos de la caja fiscal.En principio, es positivo que el Congreso haya hecho sentir su propósito de una real austeridad. Pero ahora que discute la aprobación del presupuesto del próximo año, se podría congelar el gasto corriente no financiero, que absorbe el 61% del total del presupuesto y está principalmente compuesto por una planilla que crece y crece en lugar de disminuir. Ello permitiría que, sin recortes dramáticos, se puedan cubrir las necesidades adicionales del fisco.La falta de vocación del Estado por el ahorro solo genera inestabilidad en los agentes económicos que, con razón, cuestionan las nuevas modificaciones que se quieren hacer al Impuesto a la Renta. Eso afecta los flujos de inversión privada, justamente en un período de expectativa del empresariado, echándole un baldazo de agua fría al incipiente optimismo que lo anima.Los fallos del TC deberían obligar al Estado a introducir urgentes recortes y reformas en su sobredimensionado aparato, estructura que no tiene mecanismos que incentiven la eficiencia ni la necesaria reforma que resuelva esta situación.Asimismo se debe iniciar, con el apoyo del Congreso la eliminación de las exoneraciones tributarias regionales, cuya aprobación duerme el sueño de los justos en el Legislativo.