El Poder Ejecutivo observó el lunes la ley aprobada por el Congreso para que el Decreto de Urgencia (D.U.) 003 se aplique también a las empresas consorciadas con Odebrecht. De acuerdo con Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), el D.U. 003, tal y como ha sido aprobado por el Congreso, podría restar un punto al PBI del 2018 y paralizar procesos de APP que no tienen conexión con el Caso Lava Jato. "La discusión genera pánico en el sector público, se vuelve muy difícil que alguien se atreva a tomar decisiones", indicó a este Diario.