El pasado 29 de noviembre, mientras la atención de cientos de ejecutivos estaba centrada en los paneles de CADE, en una soleada Paracas, a unos kilómetros más al norte, en La Victoria, se desarrollaba una reunión particularmente intensa entre los miembros de la junta de accionistas de Unacem. Ese día -tras por lo menos tres años de discusiones- la junta de accionistas debatió un informe sobre el contrato de gerencia que tiene Unacem con SIA, un holding propiedad de los accionistas mayoritarios de la cementera, cuyos servicios y costos han sido cuestionados por un grupo de accionistas minoritarios, que incluye a las AFP.