En el 2018, la conflictividad social seguirá presente en el sector minero y es posible que pueda enfocarse en al menos cinco proyectos.Se trata Michiquillay (Cajamarca), Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac), Río Blanco (Piura) y Cañariaco (Lambayeque), según se desprende del último análisis presentado por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.¿La razón? Su coordinador, José de Echave Cáceres, señala que tanto las empresas extractivas como algunos sectores del Gobierno dan la impresión de que desean seguir actuando y construyendo su discurso como si las controversias sociales no existieran. "Las empresas actúan torpemente", anotó.