Un adagio repetido frecuentemente en el contexto de las contiendas es aquel que propone que "la mejor defensa es el ataque". Ir a la ofensiva -sostienen los seguidores de este mantra- no solamente permite acercarse al objetivo perseguido, sino que al poner contra las cuerdas al rival, evita que este pueda intentar eventuales acometidas.Habría que suponer que un razonamiento similar ha germinado en las tiendas del fujimorismo y está detrás de la insólita denuncia constitucional presentada el lunes por su vocero titular en el Parlamento, Daniel Salaverry, en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una supuesta "grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción".Como se sabe, desde hace varias semanas, diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular (FP) han cuestionado duramente la labor del Ministerio Público. En particular, dos actuaciones de la fiscalía contra el lavado de activos son las que han generado la incomodidad: la indagación preliminar que viene conduciendo el fiscal José Pérez sobre el origen de los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y en cuyo marco se ha programado una entrevista a Marcelo Odebrecht en Brasil; y la decisión de dicho fiscal de investigar a la lideresa del fujimorismo al amparo de la ley contra el crimen organizado (Ley 30077).Más allá de que, como a cualquier otro ciudadano, a Keiko Fujimori y sus adláteres les asiste el derecho de expresar su rechazo a las decisiones de un organismo jurisdiccional, el tenor de las pullas dirigidas contra los representantes del Ministerio Público ha sido preocupante, por decir lo menos.El propio Salaverry, por ejemplo, señaló hace unos días sobre los integrantes de la fiscalía que "son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas". Y frente a la noticia del nuevo cauce legal que estaba tomando la investigación a Keiko Fujimori, anunció que iban a "tomar todas las acciones legales" a su disposición contra el "atropello" del Ministerio Público e "ir hasta las últimas consecuencias". Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, ha atacado continuamente al fiscal de la Nación, vía Twitter, acusándolo de proteger al prófugo ex presidente Alejandro Toledo y llamándolo "corrupto" y "verdugo político de Keiko Fujimori".Con estos antecedentes, la denuncia presentada el lunes por el congresista Salaverry parecería ser más bien una represalia en contra de la institución a la que el fiscal Sánchez representa. Y el tenor del documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso solo ayuda a reforzar la suspicacia.