Han pasado ocho meses desde que el Gobierno puso fin al contrato para desarrollar el proyectado gasoducto sur peruano, de US$ 7,300 millones, y si bien el Gobierno anunció que volverá a subastar el proyecto a inicios del 2018, existen diversos temas pendientes por resolver, que pueden significar trabas en alcanzar ese objetivo.Entre esos temas figuran, en lo inmediato, la respuesta que el Gobierno ha dado poniendo reparos a la forma cómo se le está entregando los activos, por parte del consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado en un 55% por Odebrecht, en un 25% por la española Enagas y en un 20% por Graña y Montero), en cuyo caso Gestión supo que hay condiciones que plantean que el Ejecutivo no acepta.No obstante, un aspecto más complicado aún es el riesgo que se advierte de que surja una discusión legal en torno a la terminación del contrato de concesión, pues para los socios tiene validez y vigencia los artículos referidos a cómo dar en concesion los activos en un nuevo proceso, con lo cual el Gobierno no está de acuerdo.Temas más de fondo son el inicio del trato directo que Odebrecht ha planteado al Gobierno como paso previo a una demanda de arbitraje en el marco del tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y Luxemburgo, por el cual esa empresa busca que se le indemnice por la promulgación del Decreto de Urgencia 003-2017 que , según la constructora, frena su intención de vender sus activos en el país (entre ellos, del gasoducto sur). Mientras tanto, Enagas llevó el caso ante Indecopi ante la evidente situación de quiebra del consorcio Gasoducto Sur Peruano, pero la firma carioca busca reforzar su estrategia para capear el temporal y evitar perder más de US$ 1,000 millones en el proyecto del gasoducto.
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