El congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori ha presentado a su bancada, días atrás, un proyecto de ley para modificar 19 artículos de la Constitución y restituir el sistema bicameral en el país. En este Diario hemos opinado en repetidas oportunidades a favor de esa idea y, aun cuando se puedan plantear algunas objeciones al texto presentado por el congresista, estimamos en general positivo que la iniciativa alcance una formulación orgánica.El retorno del Senado, efectivamente, extendería el recorrido de una ley antes de su aprobación, permitiendo que tanto legisladores como ciudadanos den espacio a la ecuanimidad y a las reconsideraciones que esta pudiera merecer, una vez amainada la tormenta política que acompañó su diseño inicial. Una circunstancia que, según enseña la experiencia, redunda en beneficio de la calidad de tales normas.Por otro lado, desplazaría a una instancia menos crispada por esas mismas tormentas responsabilidades tan importantes como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República, por mencionar algunas. Y ya hemos visto el precio que debemos pagar cuando estas definiciones se dan en medio de los pulseos pre o poselectorales.Ocurre, sin embargo, que a veces presentar una iniciativa tan trascendente en un contexto en el que todo hace pensar que no prosperará es condenarla al fracaso o a una espera aun más prolongada que aquella a la que normalmente estaría sometida. Y ese parece ser el caso de la propuesta del congresista Fujimori.¿Tiene sentido acaso lanzar un proyecto así sin haber realizado antes una labor de persuasión dentro y fuera de su bancada, e incluso frente a la opinión pública? Si incorporamos además al análisis la tensión existente entre él y la cúpula de Fuerza Popular, ¿qué tan verosímil es que esta le brinde el apoyo que necesita para presentar su iniciativa ante el pleno? Y si por añadidura recordamos que quien acabó con el bicameralismo en el Perú fue precisamente el fujimorismo en la Constitución del 93, la sensación de que estamos en esencia ante un gesto para provocar a la dirigencia naranja y atraer las cámaras es inevitable.Abonan esta lectura de los hechos, por otro lado, la circunstancia de que últimamente se le haya estado atribuyendo al joven legislador no tener en agenda más asunto que la libertad de su padre, así como el insólito intervalo de ocho meses que medió entre la primera que vez que él anunció su interés en promover el retorno a la bicameralidad -a través de un artículo publicado en El Comercio el 17 de enero de este año- y su repentina materialización en el proyecto de ley que ahora conocemos.Mención aparte, además, merece el argumento que ensayó en esa oportunidad para explicar por qué lo que pareció adecuado en el 93 luego dejó de serlo. "A comienzos de los 90, el país se encontraba en una situación terminal y necesitaba ser puesto en una unidad de cuidados intensivos. Hacía falta (sic) reformas profundas en el ordenamiento constitucional y legal para luchar contra el terrorismo y reconstruir una economía en ruinas. Y era indispensable llevarlas a cabo rápida y eficazmente", escribió. Y los paralelos con las razones que se arguyeron el 5 de abril del 92 para instaurar el ‘gobierno de emergencia’ a través de un golpe de Estado saltan a la vista.Con prescindencia de tales ironías, no obstante, lo que preocupa es el riesgo en el que se pone el futuro de una medida tan gravitante para la institucionalidad del país al introducirla al debate de una forma que luce frívola y enderezada a la obtención de notoriedad. El empeño de restituir la bicameralidad en el Perú merece un mejor destino.