La Ley 30640, que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabeceras de cuenca, prendió todas las alarmas del sector minero esta semana en Perumin. La norma, que da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca, fue aprobada el 19 de julio por el Congreso y promulgada hace poco más de un mes por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), encabeza la lista de quienes han manifestado su preocupación."Debemos hacer una reflexión, porque puede traer nubarrones en el desarrollo de proyectos mineros. Esta ley sería un duro revés", enfatizó durante el evento, preocupado por la ausencia de una definición clara sobre el concepto de cabecera de cuenca en la norma.También se pronunció el titular de la Sociedad Nacional de Minas, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese, para quien la norma no tiene sustento técnico y es una fantasía de la "gente que se opone a la minería". Uno de los autores de la ley es Marco Arana, del Frente Amplio, conocido por su oposición al proyecto minero Conga con el argumento de que afecta, precisamente, una cabecera de cuenca.La controvertida ley nace de dos proyectos fusionados: uno de Arana, presentado en setiembre del 2016, y otro de la fujimorista María Melgarejo, de abril de este año.En la combinación, primó el articulado propuesto por Melgarejo, que encarga a la ANA la elaboración de la metodología para identificar y delimitar las cabeceras de cuenca del Pacífico, Atlántico y lago Titicaca. La versión de Arana era más radical, pues establecía una definición del término "cabecera de cuenca", daba pautas de cuándo declarar intangibles estas áreas, y establecía regulaciones y prohibiciones específicas.(Edición sábado).