Todo Perumin tiene sus controversias. Y la de esta edición del 2017 fue la polémica en torno a la Ley N° 30640, que ordena reglamentar el uso del término "cabecera de cuenca" hidrográfica, referido por quienes piden que no se realice explotación minera en estas zonas. La norma habría tomado por sorpresa a los empresarios mineros reunidos en el Perumin, a pesar de llevar un mes de aprobada por el Congreso. "A decir verdad, hace muy poco que me he enterado", reconoció Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien inició la campaña mediática para dar a conocer las implicancias negativas que la polémica ley acarrearía a la inversión minera. El riesgo de que no se licite Michiquillay (US$2.000 millones de inversión) -por la incertidumbre resultante- fue el más mentado. La alarma obligó al Gobierno a intervenir.Elsa Galarza, ministra del Ambiente, apuntó que reglamentar el uso del término "cabecera de cuenca" demoraría un año, plazo en el cual la ANA se reuniría con los sectores competentes (entre ellos, las empresas mineras) para hacer un riguroso análisis técnico.Pero esto no calmó los temores en Perumin. Un ex ministro de Energía y Minas comentó a Día1 que el Gobierno se encuentra perdiendo, tristemente, la batalla ideológica contra sus opositores."En un año más -dijo- las comunidades de todo el Perú estarán aleccionadas para defender sus "cabeceras de cuenca", término vago que puede referirse a muchas cosas. Así, será más difícil que los proyectos salgan".Desarrollar los proyectos es, precisamente, lo que el Gobierno se ha propuesto para alentar la economía. Pero de eso -de los proyectos- las empresas hablaron muy poco en Perumin.