Cerro Verde II ha vuelto a levantar polvo esta semana. El problema central de este proyecto de ampliación (para explotar sulfuros primarios), valorizado en US$850 millones, es el malestar generado en la población arequipeña por los beneficios tributarios --o más específicamente, los beneficios a la reinversión de utilidades- que caducaron en el año 2000, pero que el Gobierno les otorgó en el 2004. Como se sabe, la minera, propiedad de la gigante estadounidense Phelps Dodge, posee un contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión firmado en 1998, que le otorga estabilidad cambiaria y tributaria por 15 años. Sin embargo, en el año 2000 el beneficio a la reinversión de utilidades fue derogado.¿Por qué, entonces, en el 2004 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les otorgó el mencionado beneficio vía resolución ministerial? He ahí la pregunta que tiene varias respuestas y que el día de hoy intentarán resolver las partes en conflicto (alcaldes y directivos de la minera) cuando se reúnan para tratar el problema en el seno de la Comisión Pro Inversión del Congreso. Para los directivos de la mina arequipeña, la respuesta a dicha pregunta es que bajo el amparo de su Contrato de Estabilidad Tributaria sí les corresponde el beneficio, pues Cerro Verde II no es un proyecto nuevo, sino una ampliación destinada a procesar sulfuros primarios, que no sobrepasa los límites de su concesión de explotación original.