Para el Ministerio Público, las cosas están claras: el ex presidente del comité de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa brasileña con la licitación del Gasoducto del Sur.Así es como el fiscal Reinaldo Abia sustentó su acusación, a la que accedió Perú21, contra el ingeniero de hidrocarburos y la abogada. La misma fue presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima el pasado 18 de agosto.A Ramírez se le atribuyen los delitos de colusión agravada y negociación incompatible como autor, mientras que a Hokama le imputan colusión agravada como cómplice primario.De acuerdo con Abia, el ex funcionario de Proinversión "faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama" para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014.¿Cómo se habría materializado ese favorecimiento? De acuerdo a la Fiscalía, y como lo informó este diario en su momento, Proinversión "descalificó irregularmente" al consorcio con el que competía Odebrecht. Esta maniobra generó, según la investigación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).