No habrá estatizaciones ni nacionalizaciones, pero el gobierno entrante de Alan García sí está dispuesto a renegociar todos aquellos contratos que puedan resultar lesivos para los intereses del país por factores no previstos cuando se firmaron. La teoría ya la expuso Alan García durante sus mítines de campaña, pero ahora, menos de tres semanas después de haber sido elegido nuevo presidente del Perú, el estallido social en Arequipa contra la minera Cerro Verde y su evasión de impuestos en un momento de especial bonanza en el sector, pone a prueba el cumplimiento de una promesa que fue una de sus ofertas electorales.De momento y aún desde la oposición el Apra ya ha hecho un gesto en esa dirección, y el viernes a las nueve de la mañana reunirá a través de la Comisión de Proinversión, presidida por Jorge del Castillo, a las autoridades del Comité de Lucha de Arequipa y a los directivos de Cerro Verde. El objetivo es dialogar nuevas condiciones con las que estén conformes las partes en conflicto."En principio puede haber un tratamiento del contrato de acuerdo a las circunstancias. Y no necesariamente debe renegociarse todo, pero si fuera una necesidad para el país habría que hacerlo", afirmó Del Castillo. Y mencionó casos concretos como el actual de Cerro Verde y el de Camisea.