El pleno del Congreso acordó ayer modificar algunos artículos de la Ley de los Derechos de Participación Ciudadana para facilitar el cambio de autoridades cuestionadas por sus electores.La norma original establecía que para solicitar la revocatoria de autoridades se requería del 25% de firmas válidas de los ciudadanos que figurasen en el padrón electoral. Luego, aprobadas las firmas, se requería que el 50% más uno de los electores que figurasen en el padrón votaran a favor de la revocatoria.Sin embargo, según la presidenta de la Comisión de Gobiernos Locales, Rosa Florián (UN), este porcentaje constituía una valla muy alta, porque el padrón electoral no suele estar actualizado y, en consecuencia, no es posible saber con exactitud el número de votantes de una circunscripción.