Los desencuentros entre el Estado Peruano y Odebrecht, cuyos principales directivos confesaron haber pagado sobornos para adjudicarse obras en el país, podrían ser llevados a instancias internacionales.En mayo pasado, tal como informó El Comercio, la constructora brasileña solicitó un trato directo al Ejecutivo para discutir sus discrepancias respecto al embargo de cuentas y activos ejecutado por la Sunat, la terminación del contrato del gasoducto sur peruano y la ejecución de la carta-fianza, y el Decreto de Urgencia 003. Este último permite al Estado retener determinado porcentaje de cada venta que realice Odebrecht.Si bien el plazo del trato directo solicitado vence aún el próximo 25 de noviembre, altos funcionarios del Gobierno adelantaron a El Comercio que no habrá tal negociación."El Ejecutivo no negociará con Odebrecht. Nos estamos preparando para defender al Estado ante un arbitraje internacional", aseguró una de las fuentes consultadas.Como prueba de ello, la comisión especial que representa al Estado en controversias internacionales de inversión ya seleccionó al estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para que asuma la defensa del Perú en este caso.