La olla a presión podría estallar nuevamente en el sur del país. Arequipa se prepara para volver a salir a las calles a protestar contra la minera Cerro Verde que, invocando a los cuestionables contratos de estabilidad tributaria firmados durante el fujimorismo, suscribió el 2004 un acuerdo de reinversión que le permitiría dejar de pagar al fisco hasta 240 millones de dólares en impuestos. Cerro Verde es una de las empresas que gozan del beneficio de reinversión de las utilidades, figura legal que le permite redestinar hasta el 80% de sus utilidades, libres de impuestos, a la inversión, con lo cual el canon minero en Arequipa (fondo destinado a los gobiernos regionales y municipalidades para obras de desarrollo) se ve considerablemente disminuido. Cerro Verde fue privatizado en 1994. El proyecto tuvo dos expansiones: la primera el 2002, y la segunda -que significa una inversión de 800 millones de dólares hasta el 2007- en diciembre del 2004.Para esa segunda ampliación, la minera Cerro Verde suscribió un contrato con el Ministerio de Energía y Minas, que le concedió la Reinversión de Utilidades, a través de la Resolución 510-2004.Lo cuestionable del asunto es que esta resolución se dictó invocando el Decreto Supremo 120-94-EF, que fuera derogado por el propio gobierno fujimorista en setiembre del 2000 mediante la promulgación de la Ley 27343.Con esa norma se eliminó el mecanismo de la Reinversión de Utilidades debido al alto costo que tuvo para el fisco. La ley, además, disponía de un plazo para que las empresas mineras pudieran hacer uso de ese beneficio, y ese plazo llegaba como máximo al pago del impuesto a la renta del 2003.