Varias cosas del 28 de julio del año pasado se repitieron ayer: el llamado a la cohesión de una sola república "firme y feliz por la unión" con el que Pedro Pablo Kuczynski terminó su discurso ante el Congreso, la visión de convertir el Perú en un país moderno, el compromiso de garantizar un mayor acceso a los servicios de agua y saneamiento a la población, y hasta los pasos de baile del jefe de Estado en su tránsito peatonal hacia el hemiciclo.Pero habida cuenta de que el primer año de gobierno no cumplió con las expectativas que despertó el mensaje inaugural de su administración, eran más los nuevos pasos que los ya conocidos los que se esperaban del presidente Kuczynski en esta ocasión.La evaluación del mandatario de varios de los principales desafíos que enfrenta el país fue la correcta. El ritmo de crecimiento económico inferior al 3% -como se proyecta para el 2017- es inadecuado para un país emergente como el Perú, que debería generar al menos 300.000 puestos de trabajo al año y que aún tiene a más del 20% de su población debajo de la línea de pobreza. Y nuestro mercado de trabajo, ciertamente, está caracterizado por su alta informalidad (que alcanza a más del 70% de la población laboral) y baja productividad. Un repaso de enfermedades antiguas que no vino acompañado, sin embargo, por nuevas recetas.En el ámbito laboral, por ejemplo, el proyecto de ley anunciado ayer para mejorar el sistema de inspecciones a cargo de la Sunafil resulta a todas luces insuficiente para fomentar el empleo formal y soslaya problemas más neurálgicos como la inflexibilidad para el despido de trabajadores, las limitaciones para el aprovechamiento de esquemas de contratación más eficientes (jornadas parciales, contratos temporales y trabajo a distancia) y los diversos sobrecostos incluidos en uno de los 10 regímenes laborales más rígidos del planeta, según el ránking del Foro Económico Mundial 2016-2017.Tampoco hubo algún anuncio especial respecto del fomento de la inversión privada -principal motor de la economía nacional pero en caída sostenida desde hace 14 trimestres-, más allá de la confianza en el destrabe y despegue de grandes obras de infraestructura y la ejecución de algunos proyectos mineros en los próximos 18 meses. La única política pública concreta en este aspecto fue la del proyecto de ley presentado para agilizar el acceso a inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura -una iniciativa similar al Decreto Legislativo 1333 irracionalmente derogado en la legislatura pasada-. Es cierto que el contexto económico actual es más favorable -gracias al destrabe de dos grandes proyectos (la línea 2 del metro de Lima y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez) y la subida del precio internacional de los minerales-, pero no apostar por nuevas medidas económicas puede ser un exceso de optimismo poco saludable.