LO QUE FALTA PARA MODERNIZAR LA JUSTICIA
19 de junio de 2006

Así como hemos criticado en muchas ocasiones la cuestionable actuación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la selección y nombramiento de jueces y fiscales, tenemos que reconocer ahora lo atinado de la decisión que ha adoptado para evaluar psicológicamente a los futuros aspirantes a magistrados.Es claro que este tipo de exámenes, cuyos resultados solo serán conocidos por los miembros del CNM y los propios interesados, son positivos para conocer la personalidad y cualidades psicológicas (que pueden llegar a determinar características morales) de quienes mañana más tarde administrarán justicia en el país.Sin embargo, es indudable que la medida no basta si lo que se quiere es modernizar el Poder Judicial, y hacer que remonte sus altos niveles de desprestigio, ineficiencia y corrupción acumulada en las últimas décadas. Si se quiere que la administración de justicia -uno de los pilares de la democracia- contribuya a la consolidación de la institucionalidad que el país necesita, esta debe ofrecer estabilidad a sus ciudadanos e inversionistas.Así por ejemplo, entre otras tareas, el CNM tiene que seguir innovando sus procesos de selección, para garantizar la transparencia de los mismos, evitar la incorporación de jueces y fiscales de historial y pasado turbios, o comprometidos políticamente. El mismo criterio debería aplicarse en el caso de los magistrados que serán ratificados.De otro lado, esta medida positiva debería tener su correlato en otras instancias judiciales. Es el caso de la Oficina de Control Interno de la Magistratura (OCMA), cuyos mecanismos urge mejorar para que funcione despolitizada y eficientemente, sin interferencias políticas y partidarias.Como señalamos en nuestra reciente Agenda de Gobierno, todos los poderes del Estado están obligados a respetar la autonomía judicial, pero también jueces y fiscales deben hacerse respetar y ser honestos.Una política eficaz haría prevalecer procedimientos expeditivos para sancionar no solo a las autoridades que presionan o amedrentan a los magistrados, sino también a los jueces que vergonzosamente se dejan sobornar y a los abogados que se prestan y promueven corruptelas.