Concesión de alta presión. La semana pasada la soleada Ica se vio remecida por el estallido de un conflicto que no ha capturado la atención de la opinión pública: la oposición de los clientes industriales de Contugas, distribuidor del gas de Camisea en el departamento sureño, a pagar las tarifas que este les cobra.El caso involucra a tres de los cuatro grandes clientes de la colombiana: Egasa y Egesur, termoeléctricas de propiedad del Estado, y Aceros Arequipa, la acerera más grande del país. Estas aducen que Contugas les cobra en exceso, pues les aplica la modalidad de reserva de capacidad o takeor-pay (donde se factura lo que se reserva y no lo que se consume) cuando debería cobrarles por gas consumido; y se han visto apoyadas en sus reclamos por el mismo regulador: Osinergmin. En la otra orilla, Contugas sostiene que las tres empresas (cuyo consumo de gas equivale al 60% de la demanda de Ica) suscribieron contratos pidiendo reserva de capacidad y que Osinergmin no tiene autoridad administrativa frente a un convenio libremente pactado. La firma de capitales colombianos anota que le adeudan más de US$20 millones por dicho concepto y que la "interferencia" del regulador puede traer graves consecuencias para el país."Egasa y Egesur (empresas que llevaron el caso a Osinergmin) están incumpliendo los contratos suscritos con Contugas (…) Si el sistema de take-or-pay se cae, se pondría en peligro todo el sistema de distribución de gas en el ‘upstream’ y el ‘downstream’ y, por extensión, también en el sistema eléctrico", advierte Jorge Pérez-Taiman, representante legal de Contugas