El Ministerio Público dispuso la destrucción de diversas máquinas e insumos destinados a la minería ilegal que eran utilizados por mineros informales en un paraje del distrito de Ananea, en la provincia puneña de San Antonio de Putina. La acción fue el resultado del megaoperativo de interdicción que dirigió el fiscal Óscar Jiménez Chura, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, con el apoyo de más de 300 efectivos policiales de las localidades de Ajoyani y Chaquiminas, quienes lograron ingresar al lugar en medio de una violenta resistencia por parte de los pobladores.