¿No nos había explicado, el 26 de octubre del año pasado, el mismo titular del Ministerio de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que el proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) era sobredimensionado y costoso? Claro. La inversión en el PMRT había pasado de US$ 1,711 millones -según Humberto Campodónico en 2012- a los US$ 4,782 millones anunciados por el entonces presidente de Petroperú, Augusto Baertl, un 12 de octubre de 2016. Pero ahora es mucho más.Para financiar este "elefante blanco", el nuevo Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en sintonía con el anterior, echó mano a los bonos soberanos, es decir a la deuda para sacar adelante el proyecto. No se sabe en detalle cómo es que el primer Directorio de Petroperú solicita US$ 1,000 millones de bonos y los aceptan en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego, sin ninguna explicación, Baertl sube el monto a US$ 1,500 millones.Sale Baertl de Petroperú en el último CADE de Paracas, por la presencia de Vladimir Huaroc en una gerencia de conflictos sociales de la petrolera del Estado, y el nuevo presidente del Directorio, el ex Backus Luis Eduardo García Rossell, llega a 2,000 millones, y el MEF también lo autoriza.Antes de que estallara el escándalo del contralor Édgar Alarcón, la entidad de control ya estaba elaborando un informe con observaciones de cómo es que el MEF puede haber dado una autorización de endeudamiento (RM-017-2017-EF/52) para la emisión de bonos por US$ 2,000 millones y a corto plazo.Si para entonces ya era un escándalo en los medios especializados el festín de los bonos, ahora la situación es mucho más delicada, en la medida en que la Contraloría, aun si fuera presa de una campaña para deslegitimarla, tiene que explicar al país sobre los procedimientos administrativos para la emisión de bonos por US$ 3,000 millones aprobada en la junta general de accionistas de Petroperú el último 3 de marzo.