En febrero, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia respecto a la posibilidad de que empresas constructoras que hayan participado en consorcios con Odebrecht u otras empresas vinculadas al caso Lava Jato -y que no tengan sentencia por corrupción- puedan licitar con el Estado.Ello, en aras de asegurar la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.Sin embargo, hace unos días, la congresista fujimorista Karina Beteta presentó un proyecto de ley que además de lo planteado por el Gobierno propone extender el impedimento de contratar con el Estado a empresas socias de otras condenadas o que hayan admitido casos de corrupción, como Odebrecht.Plantea también que la responsabilidad alcance a cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado.Al respecto, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que el proyecto 1410 de Beteta se extralimita, pues su alcance es muy amplio."Este PL va un poco más allá de lo recomendable, no tanto desde el punto de vista económico sino más bien legal", acotó.(Edición sábado).