La presentación el martes pasado del informe final del grupo de trabajo de reforma electoral, creado dentro de la Comisión de Constitución del Congreso y presidido por la parlamentaria fujimorista Patricia Donayre, ha despertado nuevamente el debate en el seno del Legislativo sobre la necesidad de agrupar y modificar nuestras hoy dispersas e imperfectas normas electorales. Lo ha hecho, además, de una forma particularmente abrupta, ya que la propuesta del grupo de Donayre no será debatida integralmente como un predictamen (como esperaban sus miembros), sino que -según manifestó el también fujimorista Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución- solo será un "insumo" para la discusión final. Pero más allá de las pugnas que esta polémica haya podido generar, es menester aprovechar esta oportunidad para recordar cuáles son las principales reformas institucionales que el país necesita en materia electoral. Después de todo, lo peor que podría pasar es que, como en tantas ocasiones, el Congreso termine aprobando únicamente algunos cambios aislados que no hagan más que maquillar las carencias de fondo. Así, los principales problemas que hoy afectan la solidez de nuestras instituciones políticas, en lo que concierne a asuntos electorales, son la intromisión en las campañas de capitales ilícitos y de candidatos con condenas, la falta de transparencia en las finanzas de los partidos, la pobre democracia interna y la subsistencia del voto preferencial, que incentiva el caudillismo. Y si bien no hay una fórmula mágica para solucionar todos estos problemas, varias de las ideas planteadas por los diferentes actores que en algún momento han participado de este debate apuntan claramente en la dirección correcta.En cuanto a la transparencia y a la intromisión de dinero ilícito en la política, así como de candidatos con antecedentes, destaca la propuesta recientemente planteada por el Ejecutivo para que baste que alguien se inscriba como candidato para que quede habilitado el levantamiento de su secreto bancario, así como los de su reserva tributaria y bursátil. También parece pertinente la idea de prohibir que los condenados por delitos dolosos puedan ser candidatos. (Edición domingo).
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