El Consejo Privado Anticorrupción (CPA), integrado por 17 gremios empresariales, señala que la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado plantea eliminar la obligatoriedad del arbitraje institucional en la contratación pública, a pesar de ser una herramienta importante en la lucha contra la corrupción.El arbitraje institucional lo organiza y administra una institución arbitral (una de la más conocida es el de la Cámara de Comercio de Lima), mientras que el arbitraje ad hoc es administrado por los propios árbitros de acuerdo a las reglas procedimentales.Según la Comisión de Constitución del Congreso, la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional porque constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista al imponer que la solución de controversias se defina mediante una modalidad de arbitraje específica.