El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepublicó el sábado pasado el proyecto de reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera. Se hizo esperar la normativa, cuya elaboración fue anunciada por el titular del sector, Gonzalo Tamayo, en febrero pasado, tras regresar del PDAC -la feria más importante de los exploradores-. El Niño costero reordenó las prioridades. La propuesta legal es parte de la estrategia del Gobierno para revertir la contracción sostenida de inversión en minería y será presentada al detalle hoy a la comunidad minera por el Minem en la feria ProExplo2017. Sin embargo, El Comercio recogió las opiniones de diversos actores del sector sobre la iniciativa. Los empresarios saludan con entusiasmo un cambio esencial en el reglamento propuesto respecto al vigente: la definición de plazos para la obtención de la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) y el estudio de impacto ambiental semidetallado (EIAS). Para el primero, exigido para operaciones de categoría I (con hasta 40 plataformas) se fija un tope de 60 días, mientras que para el segundo (de más de 40 plataformas), el límite será de 90 días. "Son plazos muy dinámicos. Van a favorecer, porque antes no se sabía cuándo salía el permiso", señaló Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas. Pero la definición de plazos para las certificaciones es insuficiente para Bruno Medrano, geólogo de proyectos de la compañía júnior de capitales canadienses Pembrook Cooper. Según el proyecto, la obtención de las certificaciones no autoriza el inicio de actividades, un proceso sujeto a la realización de consulta previa por parte del Estado, explicó Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía. "Ahí es donde estamos estacados", opinó.A juicio del abogado Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la medida debe ir atada a "una estrategia más integral" de manejo de los conflictos sociales.
- [El Comercio,Pág. 26-27] /