Las elecciones han confirmado que el Perú es un país con gran potencial y clamorosas necesidades. Por eso, el principal mandato para el actual y el nuevo gobierno ha sido mantener el sistema democrático y que este ponga énfasis en la inclusión, para acabar con la postergación de un gran sector de compatriotas que viven en la pobreza, sobre todo en el sur y las zonas rurales.Ese sentimiento de frustración explica el crecimiento de corrientes populistas y demagógicas, que explotan la pobreza para llegar al poder. Por lo mismo, la respuesta del Gobierno tiene que ser coherente, articulada y sostenida en el tiempo. Y no solo para asegurar efectividad, sino para evitar que las políticas públicas sean puro asistencialismo o, peor aún, un toma y daca político-electorero que haría imposible el verdadero desarrollo. Hay, pues, que promover la ayuda social para los que realmente la necesitan: educación, salud, seguridad, vivienda e infraestructura, ya sea a través de carreteras (la Interoceánica es un gran paso), puentes, puertos y aeropuertos, sin caer en créditos cero y dádivas sin base financiera. Paralelamente, se deberá insistir en la creación de focos de desarrollo, que aprovechen los recursos de cada zona, atraigan inversiones y generen empleo masivo. El sector privado es el llamado a poner los cimientos de un crecimiento económico ordenado y dinámico que termine de renovar el panorama social del sur.Cabe también una gran responsabilidad a los empresarios, líderes políticos, sociedad civil y población sureños, que deben poner de su parte para propiciar este cambio cualitativo. Avanzarán si actúan con responsabilidad y dejan de lado activismos políticos agitadores que pretenden pedir todo al Gobierno sin dar nada a cambio.