La posibilidad de cambiar la situación penitenciaria del ex presidente Alberto Fujimori -ya sea a través de una ley para que las personas mayores y enfermas puedan cumplir sus condenas en casa o a través de un indulto- ha cobrado actualidad en las últimas semanas. No es la primera vez que ocurre, pero nunca las especulaciones al respecto han tenido tantos visos de verosimilitud como ahora.En parte, esto se debe a que en esta ocasión el tema fue puesto sobre el tapete por el oficialismo y no por los partidarios de Fuerza Popular (FP) y, en parte también, a que los apremios por los que pasa el Gobierno en el Congreso plantean un escenario en el que es difícil imaginar una salida que no suponga alguna concesión política a la mayoría naranja. Y, en realidad, es claro que el Ejecutivo y la bancada ppkausa están prestos a allanarse a una iniciativa como la presentada por el legislador Roberto Vieira, que le franquearía al ingeniero Fujimori la posibilidad de purgar el resto de la pena en su domicilio.Por razones no necesariamente coincidentes, sin embargo, ninguno de los dos sectores que se distinguen en el fujimorismo -el ‘keikismo’ y el ‘albertismo’- se ha mostrado satisfecho con esta tácita oferta, y tanto uno como el otro han decidido maximizar su demanda: lo que quieren es la libertad absoluta del ex jefe del Estado; es decir, un indulto.Lo han dicho en estos días desde la presidenta del Congreso, Luz Salgado ("Yo quiero ver libre a Fujimori, pero no encerrado en una casa"), hasta el doctor Alejandro Aguinaga ("Él no desea un arresto domiciliario porque al final de cuentas es una pérdida de la libertad"), pasando por una voz tan caracterizada de la bancada de FP como Luis Galarreta ("Lo institucional para los que queremos ver al presidente Fujimori libre es el indulto").No obstante, más allá del tono con el que algunas de estas demandas fueron planteadas, lo que llama la atención son las razones que desde ambos sectores del fujimorismo se esgrimen para dar sustento al pedido, pues estas siguen poniendo en evidencia que, primero, no terminan de comprender las causas por las que el ex mandatario está preso; y, segundo, que quieren que se lo excarcele por la gravitación política que tiene, y no por problemas derivados de su edad o su salud. El mismo Fujimori tuiteó ayer un mensaje en el que decía: "Mientras muchos opinan la única realidad es que solo muriendo o estando en fase terminal podría salir en libertad". Lo que, en esencia, describe la circunstancia de cualquier reo pero sugiere que, en su caso, constituye una injusticia."Creo que el ingeniero Fujimori ya pagó con creces los errores que pudo haber cometido cuando estuvo al frente del país, pero hay que mirar la otra [cara de la] moneda. ¿Cómo hubiéramos estado si él no hubiera tomado las decisiones que tomó?", declaró ayer, por otra parte, el congresista Daniel Salaverry. Lo que no solo vuelve a confundir los conceptos de error y delito, sino que plantea una especie de economía por la que los méritos acumulados durante su gobierno deberían compensar las culpas en las que el ex presidente incurrió y valerle la libertad.En buena cuenta, pues, lo que estos argumentos sugieren es que al ingeniero Fujimori debería liberárselo por razones políticas. Pero sucede que los ‘excarcelados políticos’ son tan incompatibles con el Estado de derecho como los presos políticos. Y, a juzgar por lo que han declarado en estos días tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski como el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el Gobierno no piensa sucumbir a esa tentación.Así las cosas, el fujimorismo debería quizá reconsiderar las ventajas de una ley general que eventualmente se tradujese en un arresto domiciliario para su ‘líder histórico’, pues esta no solo luce como una opción realmente viable, sino que además no supondría trastrocamiento alguno del orden constitucional que con tanto trabajo hemos reconstruido en los últimos 17 años.