Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria, entre otras situaciones que lindan con lo penal.Así lo advirtió el experto en temas mineros, Rómulo Mucho, quien añadió que también se restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización."Es un tema muy delicado, todos somos peruanos, y al igual que en el resto de actividades económicas, en la minería la informalidad campea, pero lo ilegal es ilegal y no se puede admitir porque invade áreas reservadas", comentó.En la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de formalización minera, sin embargo, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, consideró que "están mal informados".(Edición domingo).